A las 9 de la mañana del primero de julio, sin preaviso, se presentó en La Fortaleza un impresionante número de policías con una orden de desalojo contra los inquilinos de dos de las diez habitaciones del hotel. El Oficial de Justicia tratò de desalojar a todos los habitantes de la casa ocupada, sin la documentación legal correcta para realizar el desalojo.
Lo más impresionante fue la forma violenta de intrusión en el edificio: en la tranquila mañana uno de los inquilinos notó la puerta abierta, e intentando cerrarla, se encontró con una pistola en la cabeza y un policía que ordenó abandonar la propiedad junto con todos los habitantes restantes, dejando asì entrar a los representantes de la policía para presentar una orden de desalojo, que se no correspondía con las solicitudes del Juez ni a los derechos civiles de los inquilinos.

Aprovechando una distracción de la policía los vecinos cerraron la puerta con la policía afuera, que, respondió forzando una ventana, rociando gas pimienta y golpeando a algunos de ellos en una habitación en la que estaban presentes muchos de las decenas de niños que viven en La Fortaleza.

La propiedad del hotel, que oficialmente está cerrado desde el 2008, no es clara, las plantas municipales conservadas en el archivo difieren en forma y número de habitaciones de las existentes en realidad, dando como resultado una discrepancia entre los documentos, de los cuales sì se podía deducir el desalojo de dos de los diez hogares y no de todos. Además no se contaba con la presencia de la ambulancia o cualquier otra garantía para los inquilinos desalojados.

Estos claros errores en los documentos y procedimientos han significado que, después de las primeras quejas de los representantes de los vecinos, el oficial de Justicia se convenció a frenar el desalojo.